Edición bilingüe! Traducido por Larry y Ana Maria Mease.

Alejandro no podría haber estado muy sorprendido cuando Sun Valley Floral Farmsle informó que no regresara a trabajar al día siguiente. La compañía había recibido una carta de la oficina de “Immigration and Customs Enforcement (ICE)” (Inmigración y Aduanas) la semana anterior identificando en su nómina de pagos a 283 trabajadores que se sospechaba eran indocumentados.

Una tarde de un reciente fin de semana, Alejandro, con una voz suave y tranquila en español, le dijo al Journal que no era la primera vez que Sun Valley le había dicho que no se presentara a trabajar debido a sus documentos de identificación fraudulentos. Hace aproximadamente dos años la compañía Sun Valley les había advertido a 300 empleados indocumentados que se quedaran en casa porque La Migra iba a llegar al siguiente día Según Alejandro. También les dijeron que obtuvieran una nueva tarjeta de Seguro Social. Después de haber llegado y partido la inmigración, los empleados volvieron a la granja. Quince días más tarde, Alejandro era el orgulloso dueño de un nuevo número de Seguro Social.

Advertencias y días de fuga son una parte de las incertidumbres por las que los trabajadores indocumentados tienen que navegar en la industria agrícola de California. Sin embargo, Alejandro está agradecido por el empleo que le pagaba relativamente bien, las prestaciones módicas que recibía, y la oportunidad de trabajar intramuros.

Los despidos recientes en Sun Valley señalan otra realidad incierta: tener un negocio en un país que no tiene una ley migratoria amplia. De los despidos surgen preguntas importantes: ¿Pueden las compañías agrícolas de California sobrevivir sin los trabajadores indocumentados, y cuánto saben realmente del estado legal de sus empleados? El hecho de que Sun Valley cesó la mitad de sus empleados en el lapso de una semana sin quejarse mucho quizás señale que la compañía sabía más de lo que dicen sobre el estado legal de muchos de sus trabajadores, y finalmente había llegado la hora de tragar la pastilla amarga.

La semana pasada, la compañía negó conocimiento anterior de que sus empleados fueran indocumentados. “Sun Valley siempre ha obedecido y siempre obedecerá las leyes federales de empleo,” respondió un vocero a preguntas del Journal.

Alejandro, a quién cambiamos su nombre para proteger su identidad, es solamente uno de los 283 empleados, pero su historia es común. Entró a los Estados Unidos mucho después de la amnistía de 1986. Le pagó a un coyote $1,000 para cruzar la frontera. Fue un viaje horrendo de dos días a pie. Finalmente, Alejandro llegó a “Humboldt County.” Unos años más tarde regresó a su pueblo natal para traer a su esposa. Mientras tanto, el precio para cruzar había subido, y esta vez los recién casados pagaron $3,000. Alejandro consiguió trabajo en Sun Valley Floral Farms plantando bulbos de flores. Luego, sus hijos nacieron en este lado de la frontera, hablan inglés y se educan en las escuelas locales.

Pero ahora el futuro de la familia es dudoso. Después de recibir su último cheque de Sun Valley el 9 de junio, Alejandro logró encontrar trabajo temporal, pero está preocupado que con las lluvias del próximo invierno tenga que llevar a su familia a otro lado para encontrar otro empleo, quizás en el Valle Central o hasta en México.

“Vamos a ir hasta donde encontremos trabajo,” dijo, “al Valle Central, al sur, o a México. Esperamos encontrar trabajo aquí para que nuestros hijos puedan quedarse más tiempo porque están chiquitos, y si regresamos a México, van perder su inglés.”

Alejandro dijo que muchos de los trabajadores recién cesados de Sun Valley ya se han ido hacia el sur, a Bakersfield, para trabajar temporalmente en los naranjales. Algunos, los pocos solteros, quizás sigan hasta México, pero la mayoría de los 283 empleados que dice Alejandro que tienen familia se quedarán en California con la esperanza de encontrar trabajo, y si es posible, aun con la granja otra vez.

Pero ahora Sun Valley está en el blanco de la ICE, y la compañía dice que está investigando sus nuevos empleados con más cuidado para asegurar que están bien documentados esta vez. Por lo tanto, la posibilidad de que los trabajadores indocumentados cesados regresen a la compañía es muy dudosa, a menos de que hagan cambios radicales en las leyes migratorias de los Estados Unidos.

El miércoles después del gran despido, un grupo pequeño de posibles nuevos empleados se congregó a la entrada de la granja en “Arcata Bottoms.” El guardia aun a mí me dio también una solicitud de trabajo mientras que dos jóvenes tímidos de la prepa se alejaron del quiosco apretando entre sus manos unos papeles. Detrás de ellos un fuerte viento aventaba unos plásticos contra los invernaderos.

Yo había llegado a la granja para averiguar cómo estaban sobrellevando todo después de que Lane DeVries, el CEO (Director de Recursos Humanos), le había descrito al Times-Standard la situación como “una bomba neutrónica estallando sobre nuestra compañía.” Pero para un observador ajeno la situación no parecía tan apocalíptica. Mientras que esperaba sentado cerca de la recepción debajo de un cartel de cientos de variedades de las flores más populares de la granja con nombres como “Yoko’s Dream” (“El Sueño de Yoko”), risueños empleados entraban y salían de la oficina.

Cuando DeVries y yo hablamos finalmente en su oficina, le pedí que me enseñara la sección de la compañía que fue seriamente afectada por el cataclismo del despido de la mitad de sus empleados, pero me dijo que hasta ahora no había parado el trabajo. Sun Valley sigue pizcando flores y mandando los pedidos, me dijo. “Se cambia la forma de guerra,” explicó. “ No somos gente que se cae con el primer reto que encuentra.”

Y la granja Sun Valley parece determinada a nunca jamás perder un grupo tan grande de empleados. Después de recibir de la ICE “Notice of Suspect Documents” (aviso de documentos sospechosos), una carta que informaba a la granja que se sospechaba que muchos de sus empleados usaban identificaciones falsas en sus “I-9 employment forms” (formas I-9 de empleo), Sun Valley ha prometido ser más cuidadosa en revisar los documentos de sus empleados nuevos, utilizando “E-Verify”(verificación electrónica) del gobierno. Este sistema que depende de la administración de la “Social Security Administration (SSA)” (La Administración de Seguro Social) y del “Department of Homeland Security (DHS)” (Departamento de Seguridad de la Patria) les permite a las compañías investigar a los posibles empleados con mayor esmero antes de contratarlos. No cabe duda de que esto alegra a la ICE, la encarnación más mezquina y más tecnológicamente avanzada de los servicios de “Immigration and Naturalization Services (INS)” (Servicios de Inmigración y Naturalización), y de acuerdo a su sitio en la red, la rama de investigación más grande del monolítico DHS .

Sin embargo, los grupos de defensa legal, como el “National Immigration Law Center (NILC)” (Centro de la Ley de Inmigración) en Los Angeles no están tan contentos. Nora Preciado, una abogada del NILC, citó un informe nuevo del “U.S. Government Accountability Office (GAO)” (Oficina de Responsibilidades Gubernamentales) que subraya algunos problemas del sistema “E-Verify.” Este fue publicado el 10 de junio sólo un día después de los despidos de Sun Valley. El informe averiguó que “E-Verify” confirma su autorización de trabajo a cerca de un 92 por ciento de los empleados investigados y al 8 por ciento restante no se le puede verificar su situación migratoria inmediatamente. Según el informe de la GAO, la mayoría de los “erroneous tentative nonconfirmations” (confirmaciones erróneas tentativamente no confirmadas) sucede por falta de información actualizada en la base de datos de la SSA. Se preocupa el NILC que la información mal fundada produzca discriminación en el proceso de contratar empleados. También se preocupa de que las compañías abusen del sistema “E-Verify” porque lo pueden utilizar para examinar empleados que estén trabajando, lo cual es ilegal.

También, se debe considerar que cuando los dueños tienen el derecho de ejecutar las leyes de inmigración, lo que es un cambio enorme del pasado, un poco de conocimiento quizás sea muy peligroso. Por ejemplo, pensemos en el “Notice of Suspect Documents” (aviso de documentos sospechosos) que recibió Sun Valley de la ICE. Varios abogados con especialización en inmigración que el Journal consultó para este informe sugirieron que quizás la compañía haya actuado demasiado rápido sobre la información recibida. Aun la vocera de ICE, Virginia Kice, reconoció que “puede haber errores en la base de datos.” De acuerdo a Preciado, por eso se incluye “protecciones” en el proceso para proteger a los trabajadores legales que pasan desapercibidos por el sistema.

El Journal no pudo obtener una copia de la carta, pero yo sí tuve la oportunidad de leerla. El último párrafo le informa al dueño que si él sospecha de que ICE haya hecho errores en identificar empleados como indocumentados, es la responsabilidad de la compañía contactar a ICE para aclarar cualquier discrepancia. “Lo expresamos claramente que el dueño debe informarnos si hay discrepancias,” dijo Kice. De acuerdo a DeVries, Sun Valley no le informó a ICE de las discrepancias que vieron en los permisos de trabajo de los 283 empleados antes de darles sus últimos pagos el lunes 9 de junio.

DeVries llamó la situación un “catch-22” (un círculo vicioso que no tiene solución). “Con lo que estamos lidiando ahora es que ya nos han advertido que estamos violando la ley, ahora con conocimiento de causa, como dice esta carta, al contratar a gente que no tienen derecho de trabajar en Los Estados Unidos nos ponemos en peligro.”

Sin embargo, Preciado dice que en realidad los dueños sí tienen un poco de espacio para maniobrar si creen que algunos de sus trabajadores han sido identificados por error como indocumentados. “Generalmente si hay un gran número de gente,” explicó, “pueden renegociar la fecha límite que el dueño tiene para identificar [con ICE] a los trabajadores.” Si el dueño no les da a sus empleados suficiente tiempo para verificar discrepancias en sus permisos de trabajo, “podría violar la ley migratoria y leyes del trabajo,” dijo. En breve, si alguien despide a un trabajador por ser indocumentado, pero en realidad es documentado, eso es discriminación. De acuerdo a DeVries había tres empleados que regresaron a trabajar el martes para disputar su supuesto estatus de indocumentados. Hasta el momento de nuestra entrevista, a esos empleados no les estaban pagando su sueldo mientras se investigaba su elegibilidad para trabajar, comentó DeVries.

El CEO de Sun Valley insiste que sus prácticas de empleo son completamente justas porque lo que pasó en su compañía la semana del 9 de junio — en contraste con lo reportado por la prensa — no fue un despido en masa. Le dijo al Journal que se les dio a los trabajadores su último pago pero que oficialmente no fueron cesados. Esto parece ser una forma semántica de evadir cualquier posibilidad de demandas por discriminación de parte de los empleados. Aun, Preciado explicó, “pueden llamar el despido como quieran pero sólo puede llegar a ser un despido constructivo.” Los trabajadores que sientan que han sido discriminados deben llamar a la oficina del Consejo Especial de Inmigración Relacionado a Prácticas de Empleo Injustas en el Departamento de Justicia, o al NILC.

DeVries defiende su decisión de cesar a 283 obreros dentro del tiempo sugerido por su consejero legal.

“No quiero que haya un mal entendido de que estamos listos para la eliminación rápida de nuestros empleados,” dijo, “que estamos felices de deshacernos de 283 personas. Esto es algo que ha necesitado gran consideración e intensas discusiones con nuestros abogados, y ellos lo han hecho tan claro como el cristal de que no teníamos otra opción.”

Gregory Wald, un abogado especializado en inmigración, del bufete de abogados “Squire, Sanders & Dempsey” de San Francisco, y miembro del consejo ejecutivo del “Northern California Chapter” de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, recientemente le dijo al Journal que ICE ha estado aplicando sus reglamentos de trabajo los dos últimos años. (El Journal no pudo consultar a abogados locales de inmigración sobre esto porque no hay ninguno.) La realidad es, de acuerdo a Wald, que no hay un manual de reglas para que los patrones consulten cuando llega el momento de responder cartas como la que recibió Sun Valley. Una cosa es cierta, todavía el patrón tiene que actuar: “El dilema es ¿cuál es la acción apropiada?” dijo. “Lo que esto subraya es que en realidad no tenemos un sistema efectivo donde los patrones — que deseen hacer lo que sea correcto — puedan hacerlo cuando se trata del empleo de inmigrantes en sus compañías.

“Lo que nos está pasando hoy,” DeVries dijo, “es claro que no es la forma de hacerlo.” Él apoya un reglamento de inmigración nacional amplio como el promulgado por la Senadora Dianne Feinstein. Como Feinstein, DeVries no cree que las sanciones a las compañías sean la mejor manera de resolver el problema. Él le dijo al Journal, que además de tratar de llenar las posiciones vacantes inmediatamente en Sun Valleycon estudiantes de las escuelas preparatorias locales, a la larga está pensando en utilizar el programa agrícola H-2A de trabajadores temporales. Pero este programa, atrapado en papeleo burocrático, argumenta Feinstein, necesita una reestructuración mayor. Sólo provee de 30,000 a 40,000 de los aproximadamente 2.5 millones de obreros agrícolas del país, de los cuales un millón y medio son indocumentados.

Según datosdel “Employment Development Department”(Departamento de Desarrollo de Empleo), había 1,300 empleos agrícolas en el Condado de Humboldt en abril 2008. Ese número se desplomó un 20% como resultado de la reciente aplicación del reglamento de inmigración en Sun Valley por ICE.

Sin embargo, el profesor de Economía de la Universidad de Humboldt, Steve Hackett, predice que el impacto económico local por los despidos sólo será temporal. “Es razonable asumir que haya un impacto transitorio hasta que las posiciones vacantes se ocupen,” le dijo al Journalrecientemente. Es incierto que haya suficientes obreros documentados para ocupar o no esas posiciones. Hackett especula que a largo plazo, si lo que estamos viendo refleja “un nuevo régimen con reglamentos laborales más estrictos, entonces se esperaría que los costos de la mano de obra de Sun Valley subieran.”

Uno debe considerar también el impacto que los despidos tendrán en las familias de inmigrantes locales. “Es muy triste para todos,” DeVries le dijo al Journal en la noche del lunes 9 de junio. “Esta gente compró casas, coches, gastó dinero en el Centro Comercial de Bayshore. Esto no es bueno para la comunidad.”

El viernes 13 de junio, un grupo de aproximadamente 30 personas, incluyendo a proveedores locales de servicios de salud pública y de la comunidad, así como también educadores, se reunieron en el “Community Wellness Center” de Eureka para discutir maneras de ayudar a las familias afectadas. Es algo que la organización civil LatinoNet hace con frecuencia — diseminar información a la comunidad latina de las oportunidades que hay de cuidado médico gratuito así como educativas y de capacitación — sin embargo, el viernes, la junta tenía un sentimiento palpable de urgencia.

La gente estaba preocupada de que la comunidad latina se escondiera de la misma manera que lo hizo cuando hubo redadas de inmigración en Fortuna hace un año.

“Lo que pasó el año pasado cuando los agentes de inmigración vinieron [a Fortuna] fue que la gente necesitada no buscó ayuda de los servicios que requería,” dijo Mónica Rivera, un miembro del consejo directivo de LatinoNet y directora del “Newcomers Center at the Eureka Adult School” (Centro de Recién Llegados de la Escuela de Adultos de Eureka). Es obvio que hay gente afectada – hay que pagar renta, comprar alimentos, [sostener] niños. Mi preocupación es que no van a buscar ayuda al banco de alimentos, salud pública y otras agencias.”

Una empleada del banco de alimentos señaló que las familias con niños nacidos en los Estados Unidos pueden obtener vales para alimentos sin que a los padres de familia se les pregunte sobre el estatus de sus documentos migratorios, pero el mayor problema es en primer lugar hacerlos entrar, y convencerlos de que cualquier información personal que den nadie la pasará a inmigración.

Alguien sugirió pedirle a Sun Valleymandarles a sus empleados despedidos un paquete informativo sobre los recursos de ayuda locales. Otros dudaban si esto sería apropiado. Se mencionó que la estación de radio en español, La Nueva, de Fortuna, es la mejor forma de comunicarse con la comunidad latina. La Nueva fue el primer foro público donde los trabajadores expresaron sus preocupaciones acerca de los recientes despidos. Tan pronto como el viernes 6 de junio, Mario Meza, el gerente general de la estación de radio recibió llamadas telefónicas anónimas de empleados de Sun Valley. “Algunas personas están hablando de salir del área,” le dijo Meza al Journalel martes después de los despidos. “Otra gente lo está tomando con calma.” Algunos, dijo, no creen que sea un problema de inmigración. “Creen que fue un plan de la compañía para contratar nueva gente con sueldos más bajos.”

Información errónea, conjeturas y confusión han marcado los recientes despidos de Sun Valley.Esto se debe en gran medida al hecho de que los indocumentados de la comunidad latina de Humboldt son comprensiblemente un grupo silencioso, pero también porque la comunidad latina en general — unos 20,000 sólidos — carece de un centro organizador, un lugar para obtener noticias e información.

Cuando me comuniqué con Mónica Rivera por primera vez en el “Newcomer Center”(Centro de Recién Llegados) antes de que la noticia sobre Sun Valleysaliera en los periódicos locales, ella no había oído ni una palabra sobre los despidos. Tampoco había oído nada Manos Unidos,una organización latina de defensa legal del Condado de Del Norte, donde algunos de los empleados afectados trabajaban. Una representante de la oficina del miembro del Congreso Mike Thompson en la junta de LatinoNet no estaba exactamente segura del contenido de la carta recibida por Sun Valley de la ICE,y tampoco podía decir con certeza si la ICE vendría o no a tocar de puerta en puerta a las casas de los obreros recientemente despedidos. (Los despidos relacionados a inmigración, según la oficina de Mike Thompson, son los primeros de este tipo en el Distrito Uno). Aun ICEno podía declarar oficialmente nada específico sobre Sun Valley –el personal sólo podía hablar de generalidades.

En esta clase de ambiente, no es sorprendente que algunos trabajadores estén cuestionando los verdaderos motivos de Sun Valley. “Creo que querían ahorrar dinero por el mal estado de la economía,” dijo Alejandro, “porque últimamente también estaban suprimiendo muchas de nuestras prestaciones. Antes la compañía nos daba todo lo que necesitábamos: overoles, guantes de trabajo, lentes de seguridad, botas de caucho; pero al empezar este año, nos quitaron todo. Nosotros mismos teníamos que comprarlo. Estos cambios afectaron a todos los empleados, dijo, a los documentados e indocumentados sin distinción. (En una respuesta escrita, Sun Valley negó a estas alegaciones: “Sun Valley provee a sus empleados el equipo de seguridad que manda la OSHA [Administración de Seguridad y Salud Ocupacional].”)

Alejandro, todavía se quejó de que el trato que Sun Valley daba a estos dos grupos de empleados no era igual: “Siempre ha sido que los obreros legales tienen más prestaciones que los indocumentados,” dijo. “Porque tienen más derechos, son tratados con mayor justicia. Ganan más y trabajan menos.”

Virginia Kice, la vocera de ICE, no quería “especular sobre los siguientes pasos” que su agencia daría en cuanto a Sun Valley,pero sí dijo, “nuestra prioridad en investigaciones laborales es determinar si han tenido lugar algunas violaciones criminales y perseguir a los responsables si ellos las cometieron.” Eso tal vez involucre a la compañía misma o quizás no. Como le dijo el extenuado Lane DeVries al Journal sobre la posibilidad de que su granja de flores salga adelante después de la reciente penosa experiencia, “el tiempo lo dirá.”